Quieren aprobar el protocolo facultativo abortista del CEDAW 

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El pasado 6 de abril el gobierno de El Salvador llevó a cabo una  ronda de talleres sobre el Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW).

El Protocolo Facultativo es un organismo externo de reinterpretación que analiza si la legislación local o el proceder de cualquiera de los tres poderes del Estado viola o no los llamados «derechos de la mujer» expresados de modo general en la Convención.

La CEDAW es ley del país desde hace casi 30 años, el protocolo sirve para que en El Salvador facultemos a 23 «expertas» feministas de la ONU para que sean ellas las que interpreten la Convención.

El comité de «expertas» que dirige el protocolo, puede no sólo efectuar recomendaciones al Estado signatario sino hasta imponer sanciones y ordenar conductas por encima de la soberanía jurídica, política y legislativa local.

La diputada Karla Hernández, actual presidente de la Comisión de la Mujer de la Asamblea Legislativa manifestó su preocupación a través de las redes sociales, en relación a la presión para aprobar el protocolo:

«Me preocupa que ratificando este protocolo se le ceda soberanía a un organismo supranacional que luego nos obligue a despenalizar el aborto. ?#?SoyProvida » – Karla Hernández 

Este comité ha llegado a considerar al aborto como un «derecho humano de la mujer» al cual ninguna normativa interna puede oponerse. Asimismo, ha exigido la provisión gratuita de anticonceptivos a los niños sin conocimiento de sus familias. También, se ha pronunciado por la la educación sexual obligatoria por parte del Estado, quién debe fijar los contenidos estén o no de acuerdo con los padres de familia de los niños. 

El comité se ha convertido en un especie de engendro ideológico a cargo de feministas radicales que buscan implantar en los países que firmaron la Convención de la Mujer, su: ideología,  la negación del derecho a la vida del concebido, un nuevo concepto de familia,  hasta llegar a proponer la prostitución como parte de los derechos humanos.

Una agenda ideológica que muestra que si hubo buenas intenciones buenas al principio de esta Convención, éstas han sido usurpadas, desnaturalizadas, secuestradas  y finalmente vueltas contra la misma mujer.

En sus Artículos 12 y 14 (sección 2b) del Convenio, se busca “asegurar, en base a la igualdad entre el hombre y la mujer, acceso a los servicios de salud, incluyendo aquellos relacionados con Planificación Familiar”. Este documento fue escrito a fines de 1980, a lo largo del tiempo se ha demostrado que la retórica de “planificación familiar” significa también acceso a los servicios de aborto.

¿Cómo se planifica una familia que no desea más hijos y les llegó un embarazo no deseado? ¿Quién, si no el Comité de CEDAW, es el que unilateralmente decide que se viola el derecho de una mujer al negarle  un aborto ante un embarazo no deseado?. El objetivo final es que en todos los países haya aborto libre e irrestricto; el Comité le va pidiendo a cada país una obligación más en esa dirección.

Quienes forman el Comité de la CEDAW son 23 miembros, elegidos de una lista propuesta por los Estados parte. Hay que aclarar que aunque las hayan sugerido diversos gobiernos, los miembros del Comité desempeñan sus funciones a título personal y no en representación del país de origen (art. 17.1 de la Convención).

Como diría la provida argentina Mónica del Río, “en general no son -como en los tribunales internacionales- figuras del derecho, sino activistas feministas comprometidas con la defensa de unos supuestos  “derechos de la mujer”, de índole ideológico y que tiene como matriz la “ideología de género”. La cantidad de dictámenes con sus recomendaciones y observaciones por este grupo de feministas  pro abortistas es inmensa a lo largo de estos años.»

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