Mi experiencia 3D

Por: Sara Larín | El Salvador

(3D El Salvador) – El pasado 9 de Mayo, tuvo lugar en las instalaciones de la Fundación Friedrich Ebert la segunda jornada de diálogo 3D, en la cual participamos muchos jóvenes representantes de organizaciones civiles que abogan por diferentes causas en nuestro país. No hicieron falta los líderes de diferentes ideologías políticas interesados en contribuir al debate democrático. El tema de ese día giró entorno al estatus jurídico del aborto y se intentó dar forma a la discusión en base al cuestionamiento sobre si es un “derecho” o un delito. A pesar de que la participación de las diferentes posturas no estuvieran proporcionalmente equilibradas, el ambiente finalmente se desarrolló con mucho respeto y dinamismo.

Este ambiente permitió visibilizar la necesidad de abrir más espacios de diálogo como la iniciativa 3D, en los cuáles podamos apegarnos a los conceptos científicos médicos y definiciones técnicas del derecho, que permitan analizar con veracidad los problemas de nuestra realidad salvadoreña. Y de esta forma ir dejando atrás todas aquellas discusiones estériles, donde cada quién argumenta en base a su propia subjetividad, acerca de cuándo inicia la vida humana o sobre cuándo una persona es sujeta o no de derechos. Y al mismo tiempo, ir abandonando aquellos dualismos, de hombres versus mujeres o ricos versus pobres, y poder enfocarnos en hacernos preguntas de mayor relevancia tales como:

¿Es la despenalización lo mismo que la legalización? ¿Cuáles serían las consecuencias de permitir la impunidad parcial de este crimen? ¿Cómo afectaría la moral social si jurídicamente se considera un “derecho”? Y en base a estas respuestas, ¿cuál debe ser el papel del estado? Y con ello, ¿se garantizan o se violan más derechos humanos?

En un país como El Salvador, dónde la comunidad médica se ha manifestado reiteradas veces en contra del aborto y su despenalización, ¿cómo afectaría el ejercicio médico si se vuelve una política aplicada la red de salud pública¿ ¿Qué pasaría con la objeción de conciencia de los médicos y enfermeras? En un país como el nuestro, dónde la religión juega un papel vital en el desarrollo social y dónde la mayoría de la sociedad civil nos oponemos al aborto ¿qué pasaría con nuestro derecho de objeción de conciencia? ¿Nuestros impuestos serán utilizados para una política que consideramos radicalmente contrarias a nuestros valores? De ser así ¿cuáles serían los métodos que utilizaría el Estado para intentar uniformar las pautas morales de la sociedad de tal modo que sea tolerable el aborto? Y con ello también preguntarse, ¿será este intento, democracia o una manipulación totalitaria? Y finalmente, las mujeres que abortan en El Salvador, ¿lo hacen porque lo consideran su “derecho”? o ¿serán las circunstancias desfavorables las que condicionan su actuar?

Quizás partiendo de las respuestas de estas últimas preguntas, nos daremos cuenta que el aborto no es el ejercicio del derecho a la “libertad de elección”, sino un síntoma de que las estructuras sociales no permiten el desarrollo pleno del derecho a la vida. Y que despenalizar el aborto no es una la solución a las injusticias cometidas por la mala aplicación de la ley o la fallas de nuestro sistema de salud.  Con estos cuestionamientos en los debates públicos, podrán surgir propuestas integrales que respeten la dignidad y los derechos fundamentales no solamente de las mujeres, sino también de los niños en gestación.

Garantizar la protección de todos los derechos de la niñez mediante su preferente consideración en las políticas públicas, es un deber del Estado y una manifestación de verdadera humanización.

 

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